El objetivo que persigue esta ley es el de limitar el poder de los distribuidores frente a los fabricantes, y tratar de mejorar la competitividad de la Cadena Alimentaria evitando los abusos que se producen frecuentemente en las empresas de la Gran Distribución Comercial organizada.
¿Va a servir para algo esta ley?
Nuestra humilde opinión es que NO, rotundamente. el efecto fiscalizador que pretende ejercer el Estado en estos ámbitos va a ser difícilmente gestionable, y sin duda las empresas de la Gran distribución van a poder seguir ejerciendo su poder ante los fabricantes ante la estabilizada tendencia de consumo de productos de Marca de Distribuidor -MdD-.
Aun considerando que el crecimiento de los productos de Marca Blanca puedan estar estabilizados, el gran esfuerzo que han realizado los principales fabricantes en el ajuste de precios hace que sus productos sean muy deseados por el consumidor.
Pero el problema sigue radicando y seguirá radicando en que el lineal es propiedad del distribuidor, y aunque la Ley indique que todo debe quedar recogido en un contrato, es complicado que "determinados" acuerdos comerciales queden reflejados en ese "contrato oficial" que sin duda se enseñará a la autoridad en caso de conflicto.
Por otra parte, ese efecto fiscalizador puede coartar la libertad de negociación entre proveedor y cliente, ante el temor a que la autoridad intervenga en esas transacciones comerciales.
Se puede descargar la ley en este link.
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